HOMOFOBIA Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Mirada del Movimiento Homosexual Chileno

4 de septiembre de 1993. En la discoteque Divine de Valparaíso murieron 16 homosexuales en un supuesto atentado que se adjudicó un grupo denominado "Carlos Ibáñez del Campo. Las investigaciones policiales y judiciales sobre la tragedia nunca fueron emprendidas seriamente, al punto que aún no se conocen las causas exactas del delito y nadie ha sido sentenciado al respecto.

16 de enero del 2000. Ocho homosexuales fueron detenidos arbitrariamente en Santiago por hombres de civil, que luego resultaron ser policías. Las personas fueron brutalmente golpeadas porque, según sus "carceleros", habían ofendido "la moral y las buenas costumbres" por el sólo hecho de visitar un espacio de concurrencia gay. Cinco días después los detenidos fueron liberados por falta de méritos.

2 de marzo del año en curso. 3:30 de la madrugada. En la comuna de Providencia cuatro travestis fueron golpeados con lumas y arrastrados casi media cuadra por carabineros de la 19 Comisaría. En la posta del hospital Salvador, a pesar de que a los afectados se les evidenciaron múltiples lesiones y se debió a uno de ellos realizarle una sutura de diez puntos en su frente, el carabinero de guardia se negó a consignar que las víctimas habían sido dañadas por miembros de la policía.

Los hechos descritos evidencian por si sólo que la administración de la justicia en Chile y la homofobia van indiscutible y lamentablemente entrelazados.
La homofobia, entendida como "formas de relaciones desiguales de poder entre grupos o colectivos cuyas expresiones pueden adquirir las características de opresión, explotación e injusticia hacia aquellas personas que son definidas como homosexuales" , se encuentra presente en diversas legislaciones que de manera implícita o explícita facilitan interpretaciones arbitrarias que violentan los derechos humanos de las minorías sexuales.

La discriminación contra gays y lesbianas presente en nuestra Constitución, el Código Penal, Código Laboral y/u otras normativas, son producto de una cultura altamente intolerante que se retroalimenta con la intolerancia e ignorancia propiciada día a día por la Iglesia Católica, algunos líderes de opinión, los medios de comunicación y también por parte de algunos profesionales de la sicología y la siquiatría chilena que siguen sosteniendo que la homosexualidad es una enfermedad.

Al respecto algunas palabras del senador de derecha Sergio Diez sobre la legislación chilena son clarificadoras. "Nuestro sistema jurídico es humanista, y más bien de un humanismo cristiano porque Chile ha sido siempre un país católico y porque nuestro derecho viene del Derecho Romano y del Derecho Español, y porque los hábitos de nuestra sociedad y su modo de pensar es cristiano".

El parlamentario agrega que, en consecuencia, existen valores y verdades absolutas donde, por ejemplo, no penalizar las relaciones sexuales entre gays y lesbianas, es "un absurdo", pues "el bien común de la sociedad demanda la vida sexual normal (y) la sociedad debe defenderse de la vida sexual anormal".

Esta unilateral y errada visión sobre la homosexualidad tiene su mayor grado de virulencia en el sentido común imperante en la mentalidad de la mayoría de los chilenos y chilenas.

Sólo como ejemplo, basta citar un estudio de la fundación Ideas efectuado en 1997 donde se reveló que el 42,5% de la población piensa que la homosexualidad debiera ser prohibida, pues va contra la naturaleza humana y un 72% sostiene que los médicos deberían investigar más las causas de la homosexualidad para evitar que sigan naciendo más gays y lesbianas.

Dentro de este contexto, cualquier trabajo realizado para enmendar y/o eliminar aquellas normas que atentan contra los derechos humanos de las minorías, debe partir de la premisa que ningún cambio legal genera transformaciones culturales de manera automática.
Sin embargo, lo anterior no implica, bajo ningún punto de vista, que los movimientos gays deban marginarse del ámbito jurídico-legislativo. Ello, por tres motivos esenciales: 1) Las modificaciones legales impiden por ejemplo, que las policías tengan un sustento legal sólido para vulnerar los derechos de las minorías y, por tanto las violaciones contra los derechos humanos, independiente de las concepciones culturales de los uniformados, tienen menores o nulas posibilidades de concretarse. 2) Cualquier cambio legal, por las noticias que genera, visibiliza las demandas de las minorías sexuales, lo cual obviamente es una contribución cultural importante. 3) El sólo hecho de modificar algún tipo de legislación demuestra incuestionablemente un cambio cultural en quienes facilitaron la concreción de alguna enmienda. Más importante aún es el hecho que quienes deciden sobre las leyes son generalmente líderes de opinión con gran presencia en los medios masivos de comunicación, lo cual contribuye a masificar con mayor efectividad parte de la verdadera realidad de las minorías sexuales.

Sobre la base estos conocimientos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVILH, ha desarrollado, entre otras importantes tareas, una estrategia política de carácter interdisciplinario destinada a aminorar o eliminar de nuestras leyes todo aquello que pueda afectar la calidad de vida de las minorías sexuales.
Dicha estrategia se basa o contiene diversas premisas y/o acciones a saber:

1.- Denuncia ante los tribunales de justicia sobre violaciones contra los derechos de gays y lesbianas.
A nuestra organización llegan permanentemente denuncias por parte de homosexuales que han visto vulnerados sus derechos ya sea por accionar de las policías, las municipalidades, los establecimientos educacionales y las empresas privadas entre otros.
Al respecto se ha brindado asesoría legal a quienes han pretendido entablar acciones judiciales y hemos acompañado a los afectados hasta donde éstos lo han deseado.
Sobre el tema se han enfrentado dos principales problemas. Uno es que la mayoría de los homosexuales que llegan a nuestra organización no están dispuestos a llevar hasta los tribunales sus denuncias porque temen que el proceso pueda implicar visibilidad.
De otro lado, varios casos donde las acciones legales han derivado a tribunales, estas no han sido resueltas por los jueces respectivos y son tramitadas eternamente. El atentado contra la discoteque Divine es sólo una muestra de tal realidad.
El último punto descrito se relaciona con la actual composición y estructura del poder legislativo donde la avanzada edad y la mentalidad predominantemente conservadora de los jueces se transforman en un obstáculo para la defensa de los derechos de las minorías sexuales.
Lo anterior se agrava aún más si consideramos que muchas de nuestras leyes son imprecisas, poco específicas y fáciles de interpretar arbitrariamente.
En esta línea, el trabajo que más beneficios ha dado a la comunidad gay, ha sido el desarrollado con el poder legislativo, cual es nuestra segunda estrategia.

2.- A diferencia del poder judicial, el legislativo es más heterógeneo. En el existe un mayor equilibrio entre fuerzas "progresistas" y "conservadoras".
Desde sus inicios el Movilh ha trabajado con parlamentarios de diversas bancadas para modificar o derogar las legislaciones que violentan los derechos de la comunidad lésbica-gay.

Al respecto, el logro más importante obtenido por las minorías sexuales fue la despenalización de la sodomía en 1998.

Desde 1991 el organismo que dirijo asistió a diversos debates al Senado y a la Cámara de Diputados para derogar el artículo 365 del Código Penal que sancionaba con presidio las prácticas sodomíticas entre adultos, aunque fueran éstas de mutuo consentimiento y en espacios privados.

Aunque no se tienen antecedentes de que alguna vez dicha normativa hubiera sido aplicada, lo cierto es que, como bien lo indica el abogado Nicolás Espejo, la sola existencia del 365, convertía a los homosexuales "en sujetos susceptibles de ser perseguidos penalmente, sin perjuicio de la estigmatización y rechazo social que tal penalización agudizaba y tendía a justificar" .

Otras de las disposiciones que más ha afectado a las minorías sexuales es el artículo 373 del Código Penal que sanciona las ofensas a la moral y a las buenas costumbres.
En la actualidad, las policías se valen de este artículo para detener a los homosexuales, a veces por el sólo hecho de estar un grupo de ellos reunidos en un determinado lugar.

Por lo expuesto, el Movilh discute en estos momentos con algunos parlamentarios la posibilidad de derogar la mencionada disposición o de al menos especificar bajo que situaciones concretas es posible hablar de ofensas a la moral.

Además del artículo 373, la organización que dirijo está haciendo lobby con el Poder Legislativo para que este ingresé a su agenda de discusión un proyecto de ley que regula las relaciones patrimoniales entre las minorías sexuales.

Con todo, la demanda más ambiciosa que el Movilh trabaja en estos momentos es la modificación al artículo 19 de nuestra Carta Magna, donde exigimos se incorpore con rango constitucional la no discriminación a los gays y lesbianas.

Esta iniciativa tiene altas probabilidades de ser aprobada, pues nació precisamente de una idea formulada por el presidente de la Cámara de Diputados.

Aunque el trabajo con el poder legislativo ha sido el que más beneficios ha brindado a las minorías sexuales en el ámbito legal, lo cierto es que el Parlamento muchas veces ha desplazado el tema de los gays y lesbianas a un segundo plano.
Por ello, es que una tercera estrategia se relaciona con acercamientos al sistema internacional de Justicia.

3.- La "utilización" de los organismos internacionales para la defensa de nuestros derechos ha sido solicitada cuando al interior del país no encontramos respuestas satisfactorias a nuestras demandas.

Así, y antes de que se despenalizara la sodomía, el Movilh presentó una denuncia contra el Estado Chileno ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La sola difusión a través de los medios masivos de esta medida contribuyó a la despenalización de la sodomía.

Y con lo expuesto ahora, entramos precisamente a la cuarta y quizás más importante estrategia cual es sacar de los debates institucionales (al interior de los tribunales, del Congreso o de organismos internacionales) nuestras demandas para transformarla en informaciones de conocimiento público que "obliguen" a la ciudadanía al menos referirse al tema.

4.- Una de las políticas en las cuales el Movilh ha desarrollado más experiencias ha sido la comunicacional.

Para nosotros es extremadamente relevante generar mensajes sólidos y serios, con el fin de obtener aliados y/o de contribuir a que la ciudadanía hable sobre gays y lesbianas.

Al respecto, han sido los medios de comunicación masiva nuestra principal herramienta para la difusión de los discursos. Sin embargo, los medios son un arma de doble filo, pues tienden a buscar en las minorías noticias sensacionalistas o caricaturescas.

En este contexto, en cada una de las informaciones difundidas por nuestra organización se ha manejado un discurso coherente y alejado de todas aquellas pautas o señales que podrían desviar la atención de lo que deseamos decir.

Gracias a esta política en los últimos años son cada vez menos los medios que traspasan sus cargas valóricas negativas a las informaciones relativas a los gays y lesbianas, presentando en muchos casos a nuestras demandas como lo harían con cualquier otro sector que padece algún tipo de discriminación.

En otras palabras, a diferencia de unos años atrás, en la actualidad es difícil apreciar calificativos en los medios sobre las minorías sexuales aunque, claro está, los formatos o redacciones de la prensa distan mucho del pluralismo y la tolerancia que anhelamos.

Como consecuencia del cambio descrito, y siguiendo la línea de esta ponencia, la presión de los medios de comunicación ha sido esencial, entre otras cosas, para la apertura de discoteques homosexuales que han sido clausuradas por interpretaciones antojadizas de las ordenanzas municipales. Sólo en este año, por ejemplo, y gracias a nuestra buena relación con los medios masivos, se reabrieron dos espacios de diversión nocturna homosexual.

Pero los medios no lo son todo, por ello hemos expuesto nuestras demandas legales, y nuestra realidad en general, en universidades, organismos no gubernamentales y otros espacios como al cual hoy asistimos.

Quisiera destacar, por último, un nuevo tipo de relación que los movimientos homosexuales están desarrollando. Me refiero a los contactos directos con el Poder Ejecutivo. En efecto, desde este año formamos parte de una comisión que trabaja un programa contra la no discriminación en el seno mismo del gobierno.

Dicho programa describe y analiza diversas formas de discriminación que afectan a los homosexuales y, entre ellas, tiene especial atención la generación de herramientas tendientes a modificar la administración de la justicia chilena.

Hace 10 años los homosexuales tenían escasa relación con los poderes del Estado, hoy como vemos dicha situación es completamente distinta.

En tal transformación ha incidido sin duda la politización de los discursos del movimiento homosexual, lo cual tiene una expresión evidente en los trabajos realizados en materia legal, pues estos han atravesado el ámbito estrictamente jurídico-legislativo y han llevado a una parte de la ciudadanía y a los líderes que definen y/o dirigen la estructura de nuestro Estado a considerar a las minorías en sus discursos y políticas.

Con todo, el peor error que podríamos cometer sería aspirar a la igualdad de derechos de las minorías sexuales sólo desde el ámbito legislativo, pues la discriminación es una realidad cultural que debe ser enfrentada desde diversas áreas y de manera integral.

Lo anterior pasa necesariamente por la articulación de distintas voces desde la comunidad homosexual que se enriquezcan mutuamente y por establecer alianzas con otros grupos discriminados. Sólo así, un día no habrá homosexuales maltratados, segregados y marginados a un guetto.